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La pandemia de coronavirus ha causado la mayor recesión global de la que se tenga registro desde la Segunda Guerra Mundial. No hay ningún país que sea inmune a los efectos del virus sobre la salud y la vida, y sobre los modos de ganarse la vida, de las personas. Como en la mayoría de crisis, la carga es más pesada sobre los hogares más pobres y sobre el sector informal. El gobierno ha actuado en varias instancias: tratando de controlar la velocidad de la pandemia, reduciendo el impacto sobre las empresas y los hogares, asegurando la provisión de servicios básicos como salud y educación, y “reabriendo” la economía. Si embargo, si la respuesta es inadecuada, los efectos sobre crecimiento potencial y capital humano pueden ser permanentes.

Para maximizar el impacto de estas políticas es necesario que estas sean flexibles y se adapten a una situación cambiante, y que se basen en información confiable y oportuna sobre el bienestar de los hogares y el desempeño de las empresas. En ese contexto, el uso de encuestas permite capturar de manera inmediata la situación base, el impacto de la crisis, sentar las bases para monitorear algunos indicadores relevantes e informar la forma de la recuperación.

La reciente encuesta de Escucha al Perú para Lima Metropolitana muestra algunos datos que no sorprenden, pero preocupan, y que deberían ser considerados por los encargados de las políticas públicas. 41 por ciento de los encuestados manifiesta haber perdido su trabajo (y 71 por ciento ha visto reducido su ingreso), y este porcentaje aumenta a 61 y 75 por ciento en los sectores D y E, respectivamente. Sin embargo, y quizás por la naturaleza informal de buena parte de los empleos, 89 por ciento de los encuestados piensa que regresarán a la situación laboral que tenían antes de la crisis en un año o menos.

El retorno a la normalidad indica que algunas cosas dejarán de ser normales: 80 por ciento no viajará en el 2020, 78 por ciento ni ira a ningún restaurante, y 88 por ciento no asistirán a ningún evento público. Desde el lado de las empresas, quizás es momento de reflexionar si el modelo de negocio actual puede aguantar un año sin clientes regulares. Por otro lado, la etapa a la que entramos implica que el gobierno debe ser más rápido y eficiente para controlar la segunda ola, que de todas maneras llegará. Ello implica pensar en medidas de alivio que puedan reducir aglomeraciones, pues 25 por ciento de los encuestados realiza sus compras de manera diaria e inter diaria, con el mayor porcentaje en el sector D (35 por ciento), y 64 por ciento lo hace en mercados y 73 por ciento no utiliza delivery. Es decir, para tres cuartos de la población el comienzo del servicio de delivery no alivia ningún problema, precisamente en los sectores y distritos donde hay más riesgo de contraer el coronavirus. En los sectores, además, donde el contacto físico es casi inevitable pues más del 90 por ciento de transacciones se realizan en efectivo. Por ello, 33 por cierto de los encuestados considera que las distintas instancias de gobierno pudieron haber repartido víveres de manera continua en los sectores más necesitados. Pero más allá de las aglomeraciones, los resultados nos llevan a pensar que el proceso de reactivación de la economía y del mercado laboral va a requerir de mucho esfuerzo e ingenio: con solo el 50 por ciento de hogares con acceso a Internet, el teletrabajo no es una opción viable para muchos. O, dicho de otro modo, que se abra la economía no implica que la gente recupere sus ingresos.

Estos resultados son consistentes con otras encuestas para países emergentes y de ingresos bajos en África y el sur de Asia, donde los sectores más pobres de la población no han recibido los beneficios de algunos programas y donde además no todos forman parte del sistema financiero. Perú sin embargo tiene dos características particulares: el alto porcentaje de la población que vive en aglomeraciones urbanas (Latinoamérica es la región más urbanizada del mundo), y los niveles bajísimos de inclusión financiera, los que restringen la eficacia de cualquier política.

La encuesta revela además algo positivo: 62 por ciento afirma que la crisis actual ha mejorado sus relaciones familiares.